El pasado 21 de octubre, a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, se le ocurrió re-estatizar los fondos privados de pensiones, esto es, tomar posesión de las jubilaciones de los contribuyentes, con la excusa de que los fondos estaban perdiendo mucho dinero (en lo que va del año estos han perdido un 10.1% en términos reales).
Por su parte, la gente más pensante ha percibido la maniobra presidencial como una manera fácil para que un gobierno totalmente desbalanceado por su imprudente manejo económico haga “caja”. La necesidad es clara: se vienen vencimientos de deuda por alrededor de US$ 23,000 millones en los próximos dos años y los ingresos se han visto reducidos dada la caída en los precios de las exportaciones (la soja en los últimos 3 meses cayó 44%, lo que redujo los ingresos tributarios en US$ 2,700 millones).. Entonces, de aprobarse la medida, habría un “parche” momentáneo, pues el Gobierno argentino se apropiaría de unos US$ 35,000 millones y se aseguraría un flujo de US$ 4,600 millones anuales por los aportes. Con este ingreso se podrá hacer frente a las necesidades actuales; eso si, dejando muy comprometido el futuro de los jubilados y de los gobiernos venideros que serán los que tengan que lidiar con el problema.
Es cierto que en lo que va del 2008 el desempeño de las AFP ha sido desastroso en Argentina, pero lo mismo viene ocurriendo en todo el mundo, incluido el Perú. Lamentablemente, esta es la coyuntura actual y no hay mercado de valores que no se vea afectado por la crisis. Hay que ser pacientes y tener en cuenta que esta situación es transitoria. Además, este tipo de inversiones son de largo plazo, esa es la rentabilidad que importa.
Justamente, los representantes de las AFP de Argentina han defendido que en sus 14 años de vida han tenido un crecimiento real del 7.7% (incluyendo las actuales pérdidas). Por otro lado, sería ingenuo -por no decir otra cosa- pensar que los fondos de pensiones estatales presentan retornos mucho mejores que los privados; la crisis ha golpeado a todos.
Sistema peruano vs. sistema argentino
El sistema privado de pensiones peruano se estableció en 1992, dos años antes que en Argentina. Actualmente, nuestro fondo tiene acumulados US$ 17,000 millones, poco menos de la mitad del fondo gaucho. Por otro lado, mientras que en Argentina existen 10 AFP que manejan los fondos de 9.5 millones de afiliados, en el Perú hay 4 y los afiliados ascienden a 4.3 millones. Esta gran diferencia en tamaño se debe no solo al mayor número de habitantes en Argentina (30% más que en el Perú), sino también al menor grado de informalidad laboral: según la OECD, el nivel de informalidad en el Perú es del 65%, mientras que en Argentina es del 42%).
Respecto de las comisiones, en ambos países se cobra un porcentaje sobre el sueldo; el promedio para Argentina es de 0.966% (por ley, tienen un tope de 1%) y en el Perú es del 1.81%. De otra parte, el 79% de las inversiones en Argentina están dentro del país y el 21% en el extranjero, mientras que en el Perú dichas cifras son del 91% y el 9%, respectivamente. Cabe mencionar que el gobierno argentino obliga a los fondos a invertir como mínimo un 55% en títulos públicos (que dicho sea de paso vienen presentando un bajo rendimiento), lo cual es ineficiente puesto que limita el poder de elección y, por lo tanto, los retornos de las inversiones. En nuestro país, solo el 22% se encuentra invertido en bonos del gobierno.
La situación peruana y algunas propuestas
El principal instrumento en la cartera de los fondos privados son las acciones y valores representativos sobre acciones de empresas locales, un 27% del total. Esto explica por qué el desplome de la bolsa de valores de Lima (-47% en lo que va del año) ha generado para los fondos una pérdida de S/. 14,930 millones en los últimos 12 meses, de los cuales S/. 8,000 millones fueron perdidos solo entre setiembre y octubre. Como ya hemos dicho, lo que se espera es que al superar la crisis lo fondos se recuperen y vuelvan a ser rentables; no obstante, se puede aprovechar la coyuntura para llevar a cabo propuestas que mejoren el sistema.
El Congreso de la República presentó esta semana dos proyectos de ley al respecto. El primero busca asegurar que el gobierno, bajo ninguna circunstancia, pueda “tomar prestado” el dinero de los fondos privados de pensiones (AFP), tal como se quiere hacer en Argentina. Mientras que el segundo propone que las comisiones se dividan en una fija y una variable en función de la remuneración asegurada del afiliado. Por otro lado, el ex jefe de la SBS, Juan José Marthans, piensa que se debe promover inversiones de las AFP en proyectos de infraestructura y el Estado podría garantizar una rentabilidad mínima de los proyectos.



